“Solo queremos salir adelante”

En febrero de 2022, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador dictó un pronunciamiento emblemático a favor de los derechos de la discriminada comunidad transgénero del país. La Corte determinó que el artículo constitucional que prohíbe la discriminación por razones de sexo incluye también la discriminación basada en la identidad de género, y que la ley de El Salvador que regula los cambios en los nombres legales debe permitir que las personas trans modifiquen su nombre legal en función de su identidad de género. La corte dio un plazo de un año a la Asamblea Legislativa para que implemente las reformas necesarias.
 
Esta jurisprudencia, fundada en el derecho internacional de los derechos humanos, representa un avance fundamental para las personas transgénero en un país donde, durante años, los y las activistas trans han denunciado los altos niveles de discriminación que enfrentan sus comunidades y han abogado por el reconocimiento legal de la identidad de género. Para que la decisión judicial surta pleno efecto y para abordar los perjuicios que sufren de manera constante las personas trans, la Asamblea Legislativa debería no solo implementar la garantía constitucional a través de una ley, sino además reconocer el derecho de las personas trans a cambiar su anotación de género que figura en sus documentos, un paso crucial que todavía no ha tratado la Sala de lo Constitucional.