Venezuela: Abusos contra retornados
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(Washington D.C., 13 de octubre de 2020) – El trato abusivo y las condiciones a las que las autoridades venezolanas someten a alrededor de 130.000 ciudadanos que han vuelto de otros países probablemente incrementará la transmisión del Covid-19, señalaron hoy Human Rights Watch junto con el Centro de Salud Pública y Derechos Humanos y el Centro de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins. Cuando los ministros de Relaciones Exteriores de países latinoamericanos se reúnan en el próximo encuentro en línea del Proceso de Quito, previsto para la semana del 19 de octubre de 2020, deben abordar con urgencia la situación de los retornados.
Decenas de miles de venezolanos, que en su mayoría vivían en otros países latinoamericanos, están regresando a Venezuela por la pandemia de Covid-19 y su impacto económico. Human Rights Watch y los Centros de Johns Hopkins hallaron condiciones insalubres y de hacinamiento en los centros donde se obliga a los retornados a cumplir cuarentena, con escaso acceso a alimentos, agua o atención médica. Algunos retornados que protestaron por dichas condiciones fueron amenazados con ser detenidos. Además, a muchos retornados se les ha exigido permanecer en centros de cuarentena durante varias semanas adicionales a los 14 días recomendados por la Organización Mundial de la Salud, debido a demoras en las pruebas de diagnóstico de Covid-19 y a un protocolo de testeo innecesariamente complejo.
Decenas de miles de venezolanos, que en su mayoría vivían en otros países latinoamericanos, están regresando a Venezuela por la pandemia de Covid-19 y su impacto económico. Human Rights Watch y los Centros de Johns Hopkins hallaron condiciones insalubres y de hacinamiento en los centros donde se obliga a los retornados a cumplir cuarentena, con escaso acceso a alimentos, agua o atención médica. Algunos retornados que protestaron por dichas condiciones fueron amenazados con ser detenidos. Además, a muchos retornados se les ha exigido permanecer en centros de cuarentena durante varias semanas adicionales a los 14 días recomendados por la Organización Mundial de la Salud, debido a demoras en las pruebas de diagnóstico de Covid-19 y a un protocolo de testeo innecesariamente complejo.
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